El Gobierno se afirma en la Magistratura y apunta a Freiler

DOS KIRCHNERISTAS TERMINAN SUS MANDATOS EN EL CONSEJO

El Gobierno se afirma en la Magistratura y apunta a Freiler

gcarelli@clarin.com

El oficialismo se siente fuerte en el Consejo de la Magistratura. Con la salida de Ruperto Godoy y de Virginia García, que terminan sus mandatos, los representantes de Cambiemos ganan espacio en el órgano para controlar a los jueces. Se entusiasman con que legisladores “razonables y abiertos al diálogo” puedan ocupar los lugares de los legisladores kirchneristas.

El aliado salteño Rodolfo Urtubey es el suplente de Godoy y estaría en condiciones de asumir. “Sería la gloria”, se entusiasmó un integrante del cuerpo por el oficialismo.

El camarista federal Eduardo Freiler, como informó Clarín en enero, es el primer objetivo del Gobierno. Creen que el mensaje de que un juez presuntamente corrupto vaya preso sería muy fuerte. Interpretaron como un gesto importante que la última semana la Cámara de Casación rechazara cerrar la causa por enriquecimiento ilícito contra el juez. En el ministerio de Justicia asumen que varios jueces federales participan del armado de la defensa de Freiler, a quien en conversaciones con funcionarios del Ejecutivo critican. “Lo mismo habían hecho con (Norberto) Oyarbide”, asumen.

El oficialismo tiene en el Consejo observados a varios jueces. Daniel Rafecas es una obsesión para el radicalismo.

Angel Rozas empuja la causa en contra del magistrado que en 2015 ordenó cerrar la causa de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner.

El juez federal de Esquel Guido Otranto también está complicado, igual que el de Corrientes Carlos Soto Avila. El juez del tribunal oral criminal Oscar Hergott es también otro objetivo del oficialismo. Con Rodolfo Canicoba Corral, que había sido señalado como el siguiente objetivo luego de Oyarbide, existe una situación extraña. El magistrado no tiene causas abiertas en su contra. Solo una denuncia del entorno de Omar "Caballo" Suárez, el ex secretario del Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), a quien el juez investiga y metió preso.

Canicoba tiene varias causas en contra de funcionarios oficialistas, como la de los presuntos sobornos del jefe de la AFI Gustavo Arribas.

El ministro Garavano en la intimidad se asume pragmático y se conformará -como con Oyarbide- con que los jueces sospechados renuncien.

Pese a la salida de Esteban Conte Grand la semana pasada, en la Casa Rosada consideran exitosa la gestión de Garavano, que supervisa el vicejefe, Gustavo Lopetegui. “La relación con la Corte es muy buena”, destacan a pesar de la pelea de fondo entre la aliada Carrió y el presidente del tribunal Ricardo Lorenzetti. Jueces como Claudio Bonadio, Marcelo Martínez Di Giorgi y Sebastián Casanello ya habrían aceptado el consejo del Ejecutivo de elevar a juicio o archivar las causas. El oficialismo pretende que no queden abiertas in aeternum, como presión al poder político.

Esperan que se acelere la actividad de la Comisión bicameral del Congreso contra la procuradora Alejandra Gils Carbó. Consideran que Sergio Massa y Graciela Camaño lo demoran para empujar las chances de Guillermo Marijuán. La procuradora es también un objetivo para la comisión de juicio político, que preside el macrista Álvaro González.

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