Frente a un significativo precedente jurisprudencial

La Corte no hizo lugar al pedido de Cancillería

Frente a un significativo precedente jurisprudencial

Tras la solicitud al Máximo Tribunal para que dicte una nueva sentencia en el caso ‘Fontevecchia y otros c/ República Argentina’, La Prensa dialogó con el abogado Gregorio Badeni.

Sienta un significativo precedente jurisprudencial, en relación a los principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, la reciente decisión mediante la cual la Corte Suprema de Justicia no hizo lugar al pedido de la Cancillería de nuestro país, para que dictara una nueva sentencia en el caso ‘Fontevecchia y otros c/ República Argentina’. La Cancillería argentina había solicitado oportunamente al Máximo Tribunal que diera cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dictado en 2011. En ese fallo, se señaló que la sentencia de la Corte, emitida el 25 de septiembre de 2001, vulneraba el artículo 13º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de libertad de expresión.

Consideró ahora la Corte argentina que, anular su propia sentencia firme, implicaría privar al Máximo Tribunal de Justicia de nuestro país de su carácter de ‘órgano supremo del Poder Judicial argentino’ y sustituirlo por un tribunal internacional. A su vez, esa sustitución (por un tribunal internacional), colisionaría con los artículos 27º y 108º de la Constitución Nacional.
 

A raíz de la fuerte controversia originada, por cuanto si se admitiera esa facultad de revisión por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ésta se convertiría en una ‘‘cuarta instancia’’ de los fallos de los tribunales nacionales, La Prensa consultó sobre las implicancias legales de esa cuestión al doctor Gregorio Badeni, especialista en Derecho Constitucional, quien expresó: ‘‘El fallo que dictó la Corte Suprema argentina es exactamente igual, en su parte dispositiva, al que ella dictó el 21 de agosto de 2002, en el caso ‘Cantos (José María).
 

De modo que, quince años después, la Corte de nuestro país reitera la doctrina jurisprudencial que estableció en ese entonces, según la cual sus decisiones -en la medida que tienen autoridad de cosa juzgada-, no son susceptibles de ser revisadas por un organismo nacional, ni por un tribunal internacional, porque la Constitución establece claramente que ella es el Tribunal Supremo de la Argentina. De modo que todo lo que hace a la interpretación del derecho interno, incumbe solamente a la Corte Suprema’’. El caso ‘Fontevecchia’ se originó en el año 1995, al denunciar el entonces presidente Carlos Menem a los periodistas Jorge Fontevecchia, fundador de la revista Noticias; y a Héctor D’Amico, por ese entonces, director del mencionado medio, por dos tapas de la revista, las cuales aparecieron bajo los títulos de ‘‘¿El hijo de Carlos Menem?’’ y ‘‘La otra familia de Menem’’.
 

Según consignó el doctor Badeni a este diario, en el caso ‘Fontevecchia’ se condenó, en 2011, por parte de la Corte Interamericana al Estado argentino para que devuelva a los periodistas Fontevecchia y D’Amico los importes que fueron obligados a pagar en concepto de daños y perjuicios. También, para que el Estado argentino se haga cargo de los gastos que ellos tuvieron, al acudir al tribunal internacional. ‘‘Es una condena al Estado argentino, pero la pregunta es: ¿quién debe ejecutar esa sentencia?

 

Un tribunal judicial no, por las razones ya apuntadas: hay cosa juzgada, hay una sentencia firme que no puede ser modificada. Por eso, quien debe cumplir la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el Poder Ejecutivo; o el Congreso, en su caso. Pero es inadmisible que sea el Poder Judicial, porque además de importar una violación al principio de cosa juzgada, se le estaría dando validez jurídica a las actuaciones desarrolladas ante un tribunal internacional, sin que en ellas participara la parte (en el caso, Carlos Menem), que obtuvo la sentencia favorable de nuestra Corte’’, aclaró Badeni

www.prensa.cancilleria.gob.ar es un sitio web oficial del Gobierno Argentino