Justicia y complicidad criminal

16/04/2017
Nacional La Nación Opinión Editorial Pág. 28
Editorial

Justicia y complicidad criminal

Es imprescindible que, a partir del caso de Micaela, los magistrados dejen de ser más proclives a beneficiar a los victimarios que a sus propias víctimas

El desgarrador caso de Micaela García, la joven de 21 años asesinada en Gualeguay, ha conmovido a la sociedad no sólo por el salvajismo del hecho, sino porque podía haberse evitado, de no ser por la inexcusable mala praxis del juez que, pese a todos los informes negativos, ordenó la libertad de un hombre preso por abusos sexuales, que ha confesado ser el autor del crimen. Al mismo tiempo, este caso, que con todo su dramatismo se suma a otros similares en los que los jueces han liberado a quienes a poco de recuperar la libertad violan o asesinan, muestra la degradación del ejercicio de nuestra magistratura, que por momentos parece más proclive a beneficiar a los victimarios antes que a las víctimas.

En el caso que nos ocupa, más allá de los códigos, la decisión adoptada por el juez de ejecución penal de Entre Ríos, Carlos Alfredo Rossi, equivale a una involuntaria complicidad. Por eso, y para ponerle fin a la sucesión de decisiones similares de otros magistrados, sería preciso que Rossi recibiera un castigo aleccionador. El mero juicio político no resultaría suficiente para alguien que tomó la decisión equivocada teniendo al alcance de las manos todos los elementos para haber adoptado la correcta, y que producida la tragedia no dio la cara y pidió una licencia de veinte días.

Es probable que en la conducta del juez haya influido la doctrina difundida por el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, quien poco antes de asumir como miembro de la Corte Suprema de Justicia, en 2003, resumió la forma en que se desempeñaba cuando era juez en materia penal, en una declaración periodística: "Abrís un expediente y decís: a ver cómo lo zafo a éste. Y si zafarlo no está bien, entonces digo: a ver cómo hago para que la lleve más aliviada. Abriendo un expediente así, con esa idea, vas a dormir tranquilo siempre. En definitiva, la función del juez penal es contener el poder punitivo". Claro que querer encuadrar la aberrante decisión de Rossi en el garantismo constituye un reduccionismo que procura disfrazar de discusión académica algo que, en realidad, está más cerca de la inconsciencia criminal que de las teorías del derecho.

Sebastián Wagner cumplía una pena de prisión de nueve años por haber violado a dos chicas en Concepción del Uruguay, pero en julio del año pasado Rossi le otorgó la libertad condicional sin hacer caso de los informes negativos sobre el condenado elevados tanto por el cuerpo de peritos del Poder Judicial como del Servicio Penitenciario entrerriano.

Micaela era una joven que militaba políticamente, realizaba tareas de ayuda social y estudiaba para ser profesora de Educación Física. Luego de concurrir a un boliche bailable el 1° del corriente mes, partió hacia su departamento pero permaneció desaparecida durante una semana hasta que fue hallada estrangulada el sábado 8. Wagner confesó que la violó y la mató. Se sospecha que el hecho ocurrió el mismo día de la desaparición. Tras el hallazgo del cuerpo se supo que los padres de una adolescente de 13 años de Gualeguay denunciaron a Wagner porque habría intentado abusar de su hija dos días después de la muerte de Micaela García.

Lo ocurrido ha movilizado a la sociedad y también al Gobierno, que mediante una resolución publicada el martes pasado en el Boletín Oficial dispuso la creación de una mesa de trabajo para la elaboración de políticas de prevención e investigación de femicidios y protocolos y guías de actuación. En sus considerandos, se destaca que en 2015, último año del cual se tienen datos, hubo 235 víctimas de femicidio, pero que sólo siete acusados por ese delito recibieron condenas.

A su vez, los juristas que integran la comisión que, por encargo del Gobierno, prepara el anteproyecto para reformar el Código Penal, propusieron que a los reincidentes -como sería el caso de Wagner- no se les pueda conceder la libertad condicional. Tanto el Presidente, Mauricio Macri, como el ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmaron que Rossi no debería seguir siendo juez.

La Constitución Nacional establece que "los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación, conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta". Es lo que se conoce como principio de la inamovilidad de los jueces, que les permite actuar con independencia frente a los demás poderes, sabiendo que no podrán ser removidos sino por los mecanismos que la propia Constitución establece, y a la vez es garantía para los ciudadanos que acuden a sus estrados, dado que los demás poderes del Estado no podrán remover al magistrado que atiende sus causas, especialmente cuando éstas son molestas para el poder de turno. Ante actuaciones tan penosas como la de Rossi, este magistrado dejará de serlo solamente mediante juicio político, a menos que, antes de afrontarlo, decida renunciar. Si adopta esta decisión, como podría suponerse, quedará la impresión de que su mal desempeño no será castigado.

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