Se vienen más normas anticorrupción

Se vienen más normas anticorrupción

Además de la ley que penaliza a las personas jurídicas si se comprueba que hubo irregularidades, hay dos decretos en marcha para limitar la acción de las autoridades ante conflictos de interés

"Vemos en el mundo a conocidos empresarios, políticos, firmas locales y gigantes multinacionales ligados a todo tipo de hechos de corrupción. Va desde la simple "cometa" hasta entramados que ingresan en conventos, logran violar los estándares ambientales a partir de un caño de escape, dejan de construir caminos, mantienen deficitariamente un tren o hacen volar un avión en condiciones dudosas con un equipo de futbol completo adentro." Así dio comienzo Carlos Rozen, socio de BDO y presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC), al VI congreso organizado por la entidad en el auditorio principal de la Universidad del CEMA la semana pasada.
 

En este marco, hay acciones que se están llevando adelante en la Argentina, que tienen como fin último, además de llegar a la transparencia que demanda la sociedad, formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que integran 35 países desarrollados o en vías de desarrollo que incluyen a Chile, por ejemplo, pero no a la Argentina. "Lo que estamos viviendo en la región a raíz del caso Lava Jato demuestra que la corrupción en nuestros países es histórica y sistemática y ha penetrado las más altas esferas del poder económico y político", dijo, a través de una carta para leer en el encuentro, el presidente de Transparency International, José Ugaz. En el índice de la organización, que evalúa la percepción de corrupción de 176 países, la Argentina está en el puesto número 95.
 

Decretos en marcha

En diálogo con LA NACIÓN, Ornela Mazza Gigena, coordinadora del Área de Compras y Contrataciones de la Oficina Anticorrupción (OA), dijo que en este momento desde la OA están trabajando con dos proyectos de decreto. El primero regula los conflictos de interés en materia de contrataciones para aquellas en donde exista alguna vinculación de las partes con la figura del presidente, vicepresidente, jefe de gabinete y las "altas jerarquías del poder ejecutivo".

 

"Cuando se establece una vinculación de parentesco y también de amistad de los integrantes de empresas proveedoras con estas figuras se habilita un procedimiento especial, donde se publica el expediente y existen formas de participación ciudadana para evaluar el caso, que puede llegar a ser una audiencia pública". Las causas para que se pongan en marcha estos procedimientos son "las que contempla el artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial para habilitar a un juez a excusarse a una causa". Entre ellas, se puede leer en el código, "haber recibido el juez (si sale el decreto, los altos mandos del PE) beneficios de importancia de alguna de las partes".
 

El segundo decreto, "prevé la excusación de los altos mandos del PE, el presidente incluido, de intervenir en los procesos en casos de juicios. Toma la tramitación de esos procesos el procurador del tesoro", agregó. Por otro lado, desde la OA se promovió la ley de acceso a la información pública, que fue aprobada a fines de 2016 (falta reglamentarse) "y que tendría que empezar a regir en septiembre de este año", adelantó la funcionaria. La ciudadanía podrá tener información sobre "todas las cuestiones públicas y en tiempo real, por ejemplo, las contrataciones públicas".
 

Responsabilidad penal
 

En relación con el proyecto de ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que penaliza a las empresas por actos de corrupción (hasta ahora, se penaliza a las personas), presentado por el PE en el Congreso y aún no tratado, Mazza Gigena aclaró que "es muy importante que salga, porque es una falta grave para la OCDE que la Argentina aún no tenga aprobada esta ley".
 

Como una parte importante de esta ley establece la figura del oficial de cumplimiento para las empresas, una vez más la juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal de la CABA, Patricia Llerena, alertó a los compliance officers sobre su culpabilidad en caso de comprobarse actos de corrupción. "Los compliance tendrán la responsabilidad por lo que debieron hacer, pero no hicieron. Es el incumplimiento del deber por omisión. A los compliance se les debe exigir ante la ley", alertó.
 

¿Es posible implementar políticas de transparencia en el sector público, tal como se están empezando a implementar en el sector privado? La respuesta de Federico Serra, de Baker Hughes, es sí. Aunque según el abogado "la Argentina está en pañales en la implementación de programas de compliance. Sí lo hacen las multinacionales que saben que tienen que respetar las duras regulaciones de otros países". Aclara que la ley de responsabilidad, además de penalizar a las empresas por actos de corrupción, impactará en el sector público por las denuncias que las propias compañías podrían empezar a formalizar.
 

El caso Aerolíneas Argentinas
 

"Nos encontramos con una compañía en donde no existía una cultura de la transparencia... No existía gobierno corporativo, no existía el conflicto de intereses, políticas de regalos etc", dijo Gustavo Nigohosian, director de Auditoría y Transparencia en Aerolíneas Argentinas. "La auditoría era débil históricamente y fue pasando por muchos cambios, existía, no existía, era tercerizada. La primera decisión importante que se tomó, en consonancia con lo que el gobierno pretende para las compañías públicas o con participación estatal, es articular auditoría interna con la función de compliance".
 

Para ello, le faltaba a la compañía no solo tener un programa de compliance sino una "conciencia de controles internos". Entre los nuevos procedimientos y políticas que se están implementando están: "Una línea de denuncias, una política anticorrupción... con garantías, que se sepa quién y cómo se va a investigar la denuncia".
 

Por último, el testimonio de Diego Martínez, jefe de la Unidad de Ética y Transparencia de la Dirección Nacional de Vialidad, "quiero recordar que Vialidad es un organismo público que maneja más de $ 30.000 millones, y que es el organismo que asignaba las obras viales de Lázaro Baez", destacó. Para desandar este camino, aseguró que "tenemos hoy un canal de denuncias, una política de integridad. Para mí la palabra clave es cooperar. La nueva ley que se propone es el corazón de la cooperación entre el sector público y el privado".

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