Servini se queda, pero las urnas no están bien pegadas

13/04/2017
Nacional Clarín Opinión Julio Blanck Pág. 36
EN FOCO

Servini se queda, pero las urnas no están bien pegadas

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Tres jueces federales de Comodoro Py se tiraron de cabeza tratando de quedarse con el juzgado de María Servini, si ella finalmente debía retirarse por haber sobrepasado la edad de 75 años para ocupar el cargo. Es un juzgado estratégico: tiene competencia electoral y eso lo coloca en relación privilegiada con los partidos políticos.

Dos de esos jueces llevaron su inquietud hasta al ministro de Justicia, Germán Garavano, que los escuchó con cara de póquer.

En ese grupete unido por la ambición hay incluso quienes son tenidos por buenos amigos de la experimentada magistrada.

Todos se van a quedar con las ganas: Servini seguirá ejerciendo como jueza hasta que decida lo contrario.

Sus papeles están un poco flojos, para qué negarlo. Después de que la Corte Suprema, en fallo dividido, afirmó la obligación de cumplir con el requisito de edad que fija la Constitución, la jueza buscó sostenerse en una endeble declaración de certeza de la Justicia de Seguridad Social conseguida hace unos cuantos años.

Esa decisión le reconocía el derecho a acceder a una jubilación de privilegio y avalaba, en otro párrafo, su voluntad de permanecer en el cargo. El Gobierno evaluó que buscar la nulidad de esa sentencia oblicua podía llevar demasiado tiempo y demasiado costo. Y no sabía si al final el remedio no le terminaría resultando peor que la enfermedad.

La decisión política, avalada por el presidente Mauricio Macri, ahora deberá tener expresión concreta en el Consejo de la Magistratura, que descartaría la posible remoción de la jueza. El Gobierno ha conseguido enhebrar un frágil collar de alianzas que le permite ahora contar con la mayoría de ese organismo clave del Poder Judicial.

Servini, apoyada por la diputada Elisa Carrió, había denunciado que detrás de su eventual desplazamiento estaba la mano persecutoria de Ricardo Lorenzetti. El presidente de la Corte es el blanco político elegido por Carrió para tratar de aumentar su influencia en la Justicia. La supuesta conspiración –y los argumentos de Carrió en ese sentido- ha perdido sustento. Ahora la jueza está de licencia y la reemplaza su colega Ariel Lijo.

Dando por bueno aquel fallo de Seguridad Social, el Gobierno no enviará al Senado el pliego de Servini para que reciba una ratificación que le permita continuar en funciones, como ordena la Constitución. En cambio lo hará con el juez federal de Córdoba con competencia electoral, Ricardo Bustos Fierro, también alcanzado por el límite de edad.

Estas decisiones intentan preservar cierta estructura firme en la Justicia electoral, cuando faltan cuatro meses para las PASO y seis para los comicios legislativos en todo el país. La continuidad de los jueces de la Capital y Córdoba puede ayudar. Pero mal puede disimular la multitud de dificultades que afectan hoy al sistema de votaciones. Sobre el particular vienen alertando los integrantes de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera y Ricardo Dalla Via. Los escuchan poco.

Dos motivos para la alarma son que la caída del proyecto oficialista de reforma electoral mantiene un sistema de votación vetusto y lento; y que el trabajo del sistema de organiza- ción de las elecciones debió empezar en febrero, pero estamos promediando abril y el pescado sin vender.

Además, emparchada la situación en Capital y Córdoba, hay otros seis juzgados electorales con una situación precaria: los de Formosa, Santa Cruz, Chaco, Catamarca, Salta y el de la decisiva provincia de Buenos Aires.

El juzgado federal 1 de La Plata había quedado vacante en 2014, cuando murió el histórico juez Manuel Blanco. El kirchnerismo, en típica maniobra de asalto, intentó cubrir el puesto con Laureano Durán, que fue pronto desplazado porque era secretario y no tenía nombramiento como juez. Después fue designada la porteña Servini como subrogante. Pocas semanas atrás el macrismo, en la Magistratura, consiguió nombrar a Juan Manuel Culotta, juez federal de Tres de Febrero y sin relación con la política, aunque fue alumno del colegio Cardenal Newman como Macri y varios de sus ministros y colaboradores. Pero la llegada de Culotta fue frenada en seco por otro juez federal, el platense Alberto Recondo. Se basó en que Culotta no tiene competencia electoral y que no es juez de La Plata. Casi una reinvindicación corporativa vecinal.

La cautelar del juez Recondo, de tres meses de validez, colocó en el juzgado electoral a Adolfo Gabino Ziulu, titular del juzgado federal 2 de La Plata, hombre de conocida relación con el radicalismo. Metido en el brete, el Gobierno dejará a Ziulu en ese lugar aunque la precariedad de origen obligaría a reafirmar su nombramiento provisional incluso antes de las PASO de agosto.

Todo este entuerto podría ser solucionable juzgados adentro, si además no sucedieran cosas ligeramente bochornosas como las que se vivieron días atrás. El gobierno bonaerense remitió al juzgado electoral de La Plata la primera partida de urnas para las elecciones que vienen. Cuando los empleados armaron algunas para verificar su estado, contemplaron con asombro cómo las urnas se despegaban y se tornaban inservibles. Preguntaron si era material nuevo. Les dijeron que no: son un rezago de votaciones anteriores.

Eramos tan pobres. 

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